Por Gabriel Iezzi
9/12/2019

NUEVA REGLAMENTACIÓN DE LAS PRISIONES PREVENTIVAS

El Gobierno publicó en el Boletín Oficial la Resolución 2/2019, la cual reglamenta la implementación en “los tribunales con competencia en materia penal de todas las jurisdicciones federales del territorio nacional” de los límites al uso de las prisiones preventivas.

La decisión de dictar esta resolución fue de la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código, creada en el ámbito del Congreso Nacional para controlar que las nuevas normas se vayan incorporando de forma progresiva y controlada.

Comúnmente, el criterio seguido para dictar la detención de un sospechoso surge del fallo plenario de la Cámara de Casación - Díaz Bessone - que dispone su utilización solo cuando se verifique peligro de fuga o riesgo de entorpecimiento de la investigación. Así es que, además, los jueces aplican su propio criterio al caso concreto sobre el cual deben decidir sobre la aplicación de la prisión preventiva o no, evaluando su conveniencia.

Así las cosas, el Código fijó pautas concretas para regular las restricciones a la libertad durante el proceso, que limitan el margen de interpretación de los magistrados, ello con el fin de acotar la arbitrariedad utilizada muchas veces por los mismos.

La Resolución indica que el nuevo régimen continúa permitiendo tal restricción en caso de que exista peligro de fuga o de entorpecimiento, pero también ofrece “métodos alternativos de resolución de conflictos”.

Siguiendo con el límite que busca poner a los jueces la publicación dice: “A su vez, y a fin de regular de forma precisa y concreta frente a qué circunstancias fácticas verificadas en el proceso se podría presumir ese riesgo, efectuó luego una descripción precisa y circunstanciada de estos supuestos".

La Resolución destaca un minucioso y detallado catálogo de medidas de coerción personal a las que se puede recurrir para el aseguramiento del proceso en este tipo de situaciones, estableciendo “un grado de progresividad y jerarquía de estas medidas que el juzgador debe contemplar en todos los casos”.

Así mismo, se establece que comenzarán a aplicarse los artículos 19, 21, 22, 31, 34, 54, 80, 81, 210, 221 y 222 del texto de la Resolución, a partir del tercer día hábil posterior a la fecha de publicación en el Boletín Oficial, para todos los tribunales con competencia en materia penal de todas las jurisdicciones federales del territorio nacional.

Finalmente, lo que desde el Gobierno aseguran que la aplicación de estas pautas a los procesos en trámite no encuentra impedimento, ya que no afecta de ningún modo al sistema y orden de los pasos procesales fijados en las leyes vigentes hasta el momento.



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